Durante más de un siglo Colombia fue gobernada por la Constitución de 1886, de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Generaciones enteras vivieron bajo el artículo 121 de estado de sitio, que fue usado recurrentemente por los gobernantes para afrontar los desafíos del orden público, las crisis económicas, ambientales y sociales, pero también, para legislar sobre otros asuntos que podrían haber sido asumidos sin necesidad de invocar la excepcionalidad. Durante esos años, fueron recurrentes las denuncias sobre el abuso de esa norma.

Esta característica de la obra de Gordillo, consistente en la confrontación de la reflexión teórica con la realidad, que opera en definitiva como procedimiento de validación de las operaciones de definición, clasificación e inclusión, que no son inocentes desde el punto de vista de la valoración, toda vez que debe analizarse si son pertinentes los rasgos que se seleccionan cuando se agrupa un caso dentro de cierta categoría.

Presentar una “Teoría General” supone buscar un “sistema” si él existe, o sentar las bases para crearlo si es que no existe; en el segundo caso, supone también, necesaria y simultáneamente, denunciar las asistematicidades en el orden jurídico y su funcionamiento real.

Después de haber considerado algunas posibilidades de investigación me he impuesto una tarea bastante difícil y pretenciosa, pues introducirnos en la filosofía hegeliana no es nada fácil debido a la exigencia, entrega y pasión (Leidenschaft) filosófica que deben adquirirse. Nadie ha dicho hasta ahora que G. W. F. Hegel sea fácil de leer, ni de entender, ni de exponer, por esto, en este trabajo no vamos a exponer el recorrido del presente histórico en el cual aparece este pensador nacido en Stuttgart en 1770 y descendiente de una familia luterana.

El presente libro, es un homenaje al maestro Miguel Ángel Zúñiga, quien, con Luis Carlos Pérez, son los alumnos más destacados que han pasado por la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca.

Las autoridades universitarias que conforman el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, y su Rector, Dr. Juan Diego Castrillón Orrego, han escuchado el clamor académico, liderado por el Colegio de Abogados del Cauca, que solicitaba el homenaje póstumo al más eximio de los ex – alumnos de la Facultad de Derecho del Claustro de Santo Domingo.

Se considera necesario comenzar este capítulo con lo que, el Doctor Alfredo Manrique Reyes en su libro “el municipio colombiano después de Constitución de 1991” edición 1998 en la página 43. Para ese año con toda actualidad el destacado y respetado doctrinante expresaba sobre la necesidad de un verdadero derecho municipal.

El Estado Colombiano como componente dentro de su obra republicana, “debido a su prolongada adhesión a la democracia representativa” (Villa, 2010, p. 55), se instaura la separación del poder público en tres grandes ramas u órganos, por un lado, la democracia se convierte en el cimiento más fuerte de todo el Estado; por ende se destina a la Constitución Política como la máxima norma de todo el ordenamiento jurídico, convirtiéndose en el cuerpo jurídico-político que inspira la creación de las demás normas del ordenamiento jurídico, y que, además, las condiciona a su criterio para darles validez (Kelsen, 2005), esta tradición que se fue instaurando en el ordenamiento colombiano a medida que surgían las transformaciones en los ordenamientos constitucionales que se vivieron en el pasar de los años del siglo XIX, daría cuenta a las diferentes estructuras gubernamentales que han demostrado las vicisitudes que direccionan a la construcción de la organización y el accionar de la esfera pública dentro de un llamado Estado constitucional.

Una Constitución podría entenderse como la norma suprema de un Estado; de ella se desprende todo el ordenamiento jurídico que lo rige. En estos tiempos, se puede decir que una Constitución irradia las demás leyes, en virtud del efecto de irradiación.

De Marx a las luchas sociales es el título de la presente obra, cuya escritura fue resultado de la experiencia y reflexión colectiva de colegas de universidades de México, Colombia, Costa Rica y otros países latinoamericanos reunidos para discutir las luchas sociales actuales a partir de una visión crítica sobre el pensamiento marxista.

Editorial Diké S.A.S., los autores Andrés Felipe Cano Sterling y Laura Inés Toro Hernández ponen a disposición del lector la obra “Los Medios del Control Constitucional”,la cual procura hacer énfasis en esos medios, en las acciones y competencias para salvaguardar las normas superiores, lo que encierra el deber del estudio de los cánones particulares que rigen cada uno de los casos, pero además de los resultados de los trámites y sus orientaciones, conforme a la interpretación que los precedentes han generado.

A petición de la editorial Diké, elaboramos este escrito titulado “el derecho y la posmodernidad” para difundir la idea del conocimiento de punta de las ideas sobre filosofía del derecho. El estado del arte, indica que hoy existe un debate entre los analíticos y quienes siguen la hermenéutica de Gadamer, ambos reconociendo la importancia de la filosofía del lenguaje profundo (Wittgenstein), pero los segundos apartándose de lo que ellos llaman el nuevo concepto metafísico

Los derechos fundamentales son la piedra angular de cualquier sociedad democrática, y su estudio y análisis son de suma importancia. Jorge Isaac Torres Manrique demuestra un profundo conocimiento de esta materia crucial, así como una impresionante capacidad para sintetizar conceptos complejos y presentarlos de forma clara y accesible.

En el marco de esta investigación, los autores de esta ilustre obra, se centran principalmente en los problemas en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el derecho constitucional, la protección de la dignidad humana, las consecuencias jurídicas de la COVID-19, el contenido del derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente favorable y las cuestiones de aplicación de la justicia.

En estos años se han dado sendas reformas constitucionales de las cuales se destacan las de 2009 y 2015, así como la reforma de 2019 –que aplica especialmente para las elecciones en Bogotá– y aquellas introducidas como implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016.